EFE
Ciudad de M茅xico, 16 Abr.- El Gobierno de M茅xico alert贸 este martes sobre la posible liberaci贸n de al menos 68.000 criminales si la Suprema Corte de Justicia de la Naci贸n (SCJN) decide eliminar la prisi贸n preventiva oficiosa, que se establece en el art铆culo 19 de la Constituci贸n.
鈥淓sta decisi贸n impactar铆a en la presunta liberaci贸n de 68.000 delincuentes鈥, afirm贸 la secretaria de Gobernaci贸n, Luisa Mar铆a Alcalde, durante la rueda de prensa matutina del presidente, Andr茅s Manuel L贸pez Obrador.
La funcionaria se refiri贸 a la discusi贸n de la SCJN sobre el tema, enlistada desde el 23 de enero pasado, que busca anular la prisi贸n preventiva oficiosa, que se nieguen las 贸rdenes de arraigo y que, en casos donde se denuncie tortura, se realice una investigaci贸n independiente.
La prisi贸n preventiva oficiosa es una medida cautelar y autom谩tica que se aplica ante delitos considerados graves como violencia sexual, homicidio doloso, feminicidio o delincuencia organizada, y que puede encarcelar a un imputado sin condena previa por un plazo m谩ximo de dos a帽os.
Alcalde advirti贸 que, de eliminarse la prisi贸n preventiva oficiosa, impactar铆a en la posible liberaci贸n de 11,640 acusados de homicidio, 7,150 de secuestro, 7,617 de violaci贸n, 4,013 de narcotr谩fico, 3,800 de portaci贸n de armamento y explosivos, 1,450 de feminicidio, 1,273 de abuso infantil y corrupci贸n de menores, y 405 por delincuencia organizada.
鈥淟a liberaci贸n de estas personas, como hemos dicho, pondr铆a en riesgo primero a los testigos y a las v铆ctimas, que son las personas que los han acusado, por supuesto al personal, desde polic铆as, personal de la Fiscal铆a, los propios juzgadores. Vemos un riesgo tambi茅n a la poblaci贸n en su conjunto鈥, se帽al贸 Alcalde.
Sostuvo que estas posibles liberaciones resultar铆an en la comisi贸n de nuevos delitos y amenazar铆an la seguridad nacional porque son individuos, seg煤n dijo, asociados a grupos del crimen organizado que tienen capacidad econ贸mica y operativa, y un alto riesgo de fugarse.
Se帽al贸 que esta decisi贸n vulnera la soberan铆a nacional porque la discusi贸n empez贸 despu茅s de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) instara al Estado mexicano a reformar su marco normativo respecto al arraigo preprocesal y la prisi贸n preventiva oficiosa.
鈥淣ing煤n Estado, Gobierno, organismo o tribunal extranjero puede ordenarle a M茅xico modificar su Constituci贸n, modificar su r茅gimen pol铆tico ni su forma de gobierno. Hacerlo ser铆a un acto inadmisible de injerencia y a qui茅n le toca defender nuestra Constituci贸n precisamente a la Suprema Corte de Justicia de la Naci贸n鈥, zanj贸 Alcalde.
Finalmente, llam贸 a la SCJN a respetar la divisi贸n de poderes y no excederse en sus facultades, adem谩s de considerar las 鈥済raves鈥 consecuencias que tendr铆a eliminar la prisi贸n preventiva oficiosa para la seguridad nacional.
鈥淨ue valoren atacar, mejor, uno de los problemas de fondo, que es la enorme tardanza de la resoluciones de sus asuntos que hemos denunciado en este espacio en m煤ltiples ocasiones鈥, concluy贸.
