Garza Elizondo explicó que, de acuerdo con testimonios vecinales y recorridos realizados en la zona, el centro de transferencia provoca malos olores persistentes, proliferación de insectos y roedores, enfermedades respiratorias y acumulación de residuos.

El legislador tricolor destacó que, si bien existen esfuerzos en materia de profesionalización del servicio público, es necesario elevar a rango constitucional la obligación de capacitación en derechos humanos, para otorgarle mayor peso y solidez jurídica.