Héctor Guerrero

El dato más delicado de todo el caso Rocha Moya es que Palacio Nacional parece más concentrado en protegerlo y contener daños internos que en desmontar estructuralmente las redes criminales bajo sospecha.

El viejo reflejo priista reapareció intacto: primero negar, después victimizarse y finalmente acusar conspiraciones extranjeras. El problema para Palacio Nacional consiste en que la presión ahora proviene de Washington.

Blindar a Rocha Moya podría interpretarse como encubrimiento y alimentar la narrativa del narcogobierno. Soltarlo significaría abrir una crisis interna en Morena y enviar una señal de fragilidad dentro del propio aparato oficialista. 

A diferencia del México que ya habíamos superado, lo que se observa hoy es distinto: una centralización más directa, menos mediada, más institucionalizada en su diseño legal y, por ello, más difícil de revertir por vías ordinarias.

La presidenta ha incorporado con mayor claridad el discurso sobre inversión privada. El mensaje apunta a generar confianza en mercados y empresarios, actores indispensables para sostener crecimiento. 

La llegada de Roberto Velasco a Relaciones Exteriores expresa una apuesta por la juventud con experiencia, una fórmula que busca renovar sin romper.

La imagen de una mujer bajo el sol en Palacio Nacional se convierte, así, en metáfora involuntaria de un sistema que prefiere deslumbrar antes que esclarecer.

El Plan B se desdibujo y reveló que el poder del oficialismo empezó a enfrentar sus propios límites y de un equipo político que, lejos de ampliar el margen de maniobra, lo redujo.

La refinería de Dos Bocas rebasa su carácter de infraestructura energética: es un símbolo político. Y como todo símbolo, exige protección. Frente a la trágica muerte de cinco personas el gobierno insiste en la normalidad.

La derrota del 11 de marzo confirma esa vieja lección de la política mexicana: las reglas de la competencia no se cambian en solitario.