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Monterrey, N.L., 6 Oct.- En México, la disolución del matrimonio no necesariamente pone fin a los conflictos familiares cuando existen hijos menores, pues decisiones sobre custodia, convivencia, patria potestad y pensión alimenticia pueden mantenerse después de concluido el proceso de divorcio.
Durante 2025 se registraron 155 mil 254 divorcios en el país, de acuerdo con la Estadística de Divorcios del INEGI. Del total, 88.3% se resolvió por la vía judicial, mientras que el divorcio incausado representó 66.4% de los casos y el de mutuo consentimiento 32.5%.
Los datos de 2024 muestran que una parte importante de los procesos judiciales involucró a matrimonios con hijos menores de edad. El 22.5% correspondió a parejas con un hijo menor, 16.2% tenía dos hijos y 5.5% contaba con más de dos.
En materia de custodia, esta fue asignada a alguna de las personas divorciantes en 38.2% de los divorcios judiciales, mientras que en 5.9% fue concedida a ambos. En 55.1% de los procesos no se otorgó custodia, situación que el INEGI relaciona, entre otros factores, con casos en los que no había hijos menores o estos ya no dependían de sus padres.
La estadística oficial tampoco mide directamente la llamada obstrucción parental ni identifica quién podría ejercerla. Sin embargo, sí registra otras responsabilidades derivadas de la separación.
En 2024, la patria potestad fue otorgada a ambos divorciantes en 38.46% de los divorcios judiciales y a una de las partes en 5.69%. Además, la pensión alimenticia fue asignada a los hijos en 38.6% de estos procesos.
El tema será abordado en Monterrey durante la conferencia “La guerra por los hijos”, programada para el 15 de octubre a las 19:00 horas en Quinta Real, con la participación de Ana Garduño, Nina Mahsati y Raúl Rodríguez.
Garduño, especialista en obstrucción parental, plantea que emociones como el enojo, la frustración y el resentimiento pueden prolongar los conflictos entre las parejas separadas y afectar la relación de los hijos con alguno de sus padres.
Rodríguez abordará la problemática desde una perspectiva sociológica y jurídica, con énfasis en la obstrucción parental, los derechos de padres y madres y las denuncias que pueden surgir durante disputas familiares. Sus señalamientos sobre presuntas denuncias falsas corresponden a su postura y no representan estadísticas oficiales sobre la frecuencia de estos casos.
Mahsati, por su parte, analizará el fenómeno desde una perspectiva de violencia infantil y género, incluyendo un cuestionamiento a determinados supuestos culturales relacionados con la maternidad y su posible influencia en la identificación de situaciones de maltrato.
El contexto también incluye los niveles de violencia que afectan a niñas, niños y adolescentes en México. UNICEF México señala que 55.5% de esta población experimentó algún tipo de disciplina violenta en su hogar, con base en datos de la ENSANUT 2022. Esta cifra corresponde a violencia infantil en general y no permite atribuir los casos específicamente a procesos de divorcio u obstrucción parental.
La discusión pondrá sobre la mesa las consecuencias que pueden tener los conflictos de pareja sobre los menores, así como temas relacionados con convivencia familiar, alineación parental, bienestar infantil, igualdad de derechos y género.
Los datos oficiales muestran que, cuando existen hijos, el divorcio no elimina las responsabilidades de crianza. Custodia, convivencia, patria potestad y manutención pueden convertirse en asuntos que permanecen vigentes una vez concluido el vínculo matrimonial.