EFE
Redacci贸n Am茅rica, 15 Abr.- Latinoam茅rica presenta un panorama fragmentado frente a la eutanasia ya que, a pesar de que Uruguay la legaliz贸, Colombia la despenaliz贸 desde 1997 y Cuba reconoce el derecho a una "muerte digna" aunque sin aplicaci贸n efectiva, la mayor铆a de pa铆ses de la regi贸n la proh铆ben o mantienen discusiones a煤n incipientes sobre su regulaci贸n.
Uruguay se convirti贸 en 2025 en el primer pa铆s en autorizar la eutanasia mediante la Ley de Muerte Digna, cuya reglamentaci贸n se firm贸 este mi茅rcoles, lo que permite a pacientes en fase terminal solicitar el procedimiento bajo condiciones espec铆ficas.
En Colombia, la eutanasia fue despenalizada en 1997 por la Corte Constitucional mediante una sentencia que reconoci贸 el derecho a morir dignamente.
Sin embargo, su regulaci贸n no avanz贸 sino hasta 2015, cuando se establecieron protocolos y se realiz贸 el primer procedimiento legal en el pa铆s y en la regi贸n.
En 2021, el alto tribunal ampli贸 ese derecho al eliminar el requisito de enfermedad terminal y permitirlo tambi茅n para menores de edad en determinadas condiciones.
En Ecuador, la Corte Constitucional despenaliz贸 la eutanasia en 2023 y orden贸 su regulaci贸n, lo que permiti贸 que una paciente accediera formalmente al procedimiento.
Igualmente en Per煤, aunque la eutanasia sigue prohibida en t茅rminos generales, una sentencia judicial de 2021 orden贸 despenalizarla para el caso espec铆fico de la psic贸loga Ana Estrada, cuyo derecho fue ratificado por la Corte Suprema en 2022 y que falleci贸 en 2024.
Cuba, por su parte, aprob贸 en 2023 una ley que reconoce el derecho a decisiones sobre el final de la vida, pero a煤n carece de regulaci贸n secundaria, por lo que no se aplica en la pr谩ctica.
PA脥SES DONDE EST脕 EN DISCUSI脫N
En Chile la eutanasia es ilegal y se castiga como homicidio o auxilio al suicidio, aunque la ley de derechos de los pacientes permite rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente la vida.
Desde 2018 se tramita un proyecto para legalizar la muerte asistida en adultos con enfermedades graves o terminales, aprobado en 2021 por la C谩mara de Diputados, pero estancado en el Senado.
El Gobierno del progresista Gabriel Boric (2022-2026) intent贸 reactivar su discusi贸n sin 茅xito, y con la llegada del actual presidente, el ultraderechsita Jos茅 Antonio Kast, el impulso pol铆tico a la iniciativa es incierto.
En M茅xico la eutanasia y el suicidio asistido est谩n prohibidos y se consideran "homicidio por piedad", pero el pa铆s cuenta con leyes de voluntad anticipada en 20 de sus 32 regiones, que permiten rechazar tratamientos m茅dicos en situaciones cr铆ticas (eutanasia pasiva).
En la 煤ltima d茅cada se han presentado al menos seis iniciativas para legalizar la muerte asistida 鈥攊ncluida la propuesta ciudadana 'Ley Trasciende'鈥 sin 茅xito hasta ahora, aunque con un respaldo social mayoritario.
En Brasil la eutanasia es ilegal y puede ser castigada con hasta 20 a帽os de c谩rcel, mientras que el suicidio asistido se penaliza con penas de entre 2 y 6 a帽os en casos de enfermedad terminal.
En el gigante suramericano existen proyectos para despenalizar esta pr谩ctica, pero permanecen paralizados en el Congreso.
Del mismo modo, en Argentina la eutanasia no est谩 permitida, pero desde 2012 rige la ley de muerte digna, que autoriza a pacientes con enfermedades irreversibles o terminales a rechazar tratamientos que prolonguen la vida.
Asimismo, en Costa Rica la eutanasia no es legal, pero existe un proyecto de ley sobre muerte digna presentado en marzo que busca permitir a pacientes terminales decidir sobre el final de su vida bajo criterios m茅dicos y 茅ticos, aunque permanece en una fase incipiente y sin avances visibles.
PA脥SES QUE LA PROH脥BEN TAJANTEMENTE
En El Salvador est谩 tipificada como "homicidio piadoso" en el C贸digo Penal y no existen iniciativas para su despenalizaci贸n. En Honduras tampoco est谩 permitida y la legislaci贸n establece sanciones penales.
Tambi茅n, en Guatemala la eutanasia est谩 prohibida y castigada como auxilio al suicidio, sin iniciativas vigentes ya que un intento legislativo previo no prosper贸.
En Nicaragua no est谩 legalizada ni se debate, en un marco constitucional que protege la vida.
En Rep煤blica Dominicana la Constituci贸n protege la vida desde la concepci贸n hasta la muerte, lo que excluye cualquier posibilidad legal de eutanasia.
Mientras tanto, en Bolivia el C贸digo Penal sanciona el "homicidio piadoso" con penas de uno a tres a帽os de prisi贸n y no hay proyectos en curso.
Finalmente, en Panam谩 la eutanasia y el suicidio asistido est谩n prohibidos y se consideran jur铆dicamente una forma de homicidio, aunque la ley permite la llamada ortotanasia, que es el rechazo de tratamientos desproporcionados en fase terminal, sin admitir la eutanasia activa.
ONG PIDE ABRIR DEBATE 鈥淪ERIO, INFORMADO Y RESPONSABLE鈥 SOBRE LA LEY DE EUTANASIA EN M脡XICO
La organizaci贸n civil Red Familia pidi贸 este mi茅rcoles abrir un debate 鈥渟erio, informado y responsable鈥 sobre la legalizaci贸n de la eutanasia y el derecho a una muerte digna, en la llamada 鈥楲ey Trasciende鈥, impulsada en el Senado mexicano por la activista Samara Mart铆nez, ante la posibilidad de que avance por la v铆a r谩pida.
En un posicionamiento p煤blico, la agrupaci贸n se帽al贸 que una discusi贸n de esta magnitud no debe reducirse a 鈥渃onsignas emocionales ni a una falsa disyuntiva entre compasi贸n y sufrimiento鈥.
鈥淣o se trata de elegir entre aliviar el dolor o respetar la vida; el verdadero reto es garantizar ambas cosas y as铆 acabar con el dolor, no con el doliente鈥, afirm贸 Laura Hern谩ndez, directora de asuntos p煤blicos de la organizaci贸n.
La agrupaci贸n expres贸 preocupaci贸n porque la iniciativa se presenta como un acto de sensibilidad, cuando 鈥攁 su juicio鈥 implica redefinir los l铆mites legales y culturales sobre el valor de la vida humana en contextos de enfermedad y vulnerabilidad.
CUIDADOS PALIATIVOS DEBEN SER PRIORIDAD
Red Familia subray贸 que la urgencia en M茅xico es garantizar el acceso efectivo a cuidados paliativos integrales, y no legalizar la eutanasia. Seg煤n datos recientes, apenas el 5 % de los pacientes terminales en el pa铆s tiene acceso a este tipo de atenci贸n.
鈥淎ntes de abrir la puerta a que el sistema jur铆dico autorice provocar la muerte, el Estado debe garantizar que ninguna persona solicite morir por abandono, miedo, soledad, depresi贸n o falta de atenci贸n m茅dica oportuna鈥, indic贸.
A帽adi贸 que un sistema de cuidados paliativos bien implementado puede reducir hospitalizaciones y costos al sistema de salud, al tiempo que permite a los pacientes vivir sus 煤ltimos momentos con dignidad y sin dolor evitable.
El posicionamiento coincide con cr铆ticas expresadas por la Arquidi贸cesis de M茅xico, que cuestion贸 la redefinici贸n del concepto de 鈥渕uerte digna鈥 en la iniciativa y sostuvo que toda vida es digna por s铆 misma, independientemente del sufrimiento.
La iniciativa de Ley Trasciende se encuentra en una etapa clave en el Senado. El 16 de abril se realizar谩 un di谩logo encabezado por Samara Mart铆nez, y el 23 de abril est谩 previsto un conversatorio con especialistas en aspectos m茅dicos, jur铆dicos y sociales.
El objetivo, seg煤n la activista, es obtener un dictamen antes del 30 de abril para que la propuesta avance en el proceso legislativo.
En M茅xico, 20 de las 32 entidades federativas 鈥攊ncluida la capital鈥 cuentan con leyes de voluntad anticipada, que permiten a los pacientes rechazar tratamientos m茅dicos en situaciones cr铆ticas, lo que se conoce como eutanasia pasiva.
De otro lado, Uruguay dio un nuevo paso hoy, despu茅s de que el presidente Yamand煤 Orsi firmara el decreto reglamentario de la Ley de Muerte Digna, aprobada en octubre de 2025 en la C谩mara de Senadores y que legaliza la eutanasia.
De esta forma, el pa铆s suramericano conformar谩 una Comisi贸n Honoraria de Revisi贸n que ser谩 presidida por el Ministerio de Salud P煤blica y tendr谩 como objetivo la revisi贸n de los procedimientos realizados en el marco del ejercicio del derecho de eutanasia.
