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Monterrey, N.L., 3 Nov.- Tras la revelación de la triangulación y dispersión de recursos públicos del Gobierno del Estado de Nuevo León, el Congreso del Estado, exhortó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Fiscalía General de la República y a la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, para dar trámite legal a estas anomalías detectadas por la Auditoria Superior de la Federación.
La diputada del Partido Acción Nacional, Claudia Caballero Chávez destacó que de acuerdo con la ASF, las transferencias millonarias llegaron al despacho jurídico de familiares del gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda, lo que hace necesario conocer el origen, y el destino de los recursos involucrados, y así mismo aclarar si hubo alguna consecuencia a la hacienda pública.
“De acuerdo con la información presentada por la Auditoría, se identificaron transferencias millonarias a diversas empresas proveedoras, constructoras y prestadoras de servicios, cuyos recursos posteriormente habrían circulado entre distintas personas morales hasta llegar a un despacho jurídico relacionado con familiares de servidores públicos.
“El esquema presentado por la Auditoría Superior de la Federación expone operaciones que involucran aproximadamente siete mil 212 millones de pesos, lo que hace indispensable conocer con claridad el origen, la trazabilidad y el destino final de los recursos involucrados, así como determinar si existió alguna afectación a la Hacienda Pública”, mencionó Caballero Chávez.
Con el desvió de estos recursos, se pudo avanzar en obras públicas que se han suspendido o siguen en avance lento bajo el argumento que no hay dinero para continuarlas.
“Para dimensionar el impacto, de los siete mil 212 millones de pesos involucrados en la red de triangulación, con esto alcanzaría para construir cerca de seis kilómetros completos de línea del Metro; en términos de infraestructura, este dinero habría alcanzado para financiar prácticamente toda la Línea cuatro del Metro, que contempla un trazado de 7.5 kilómetros, o bien para ejecutar más de la mitad de la proyectada Línea cinco del Metro, estimada entre 7.5 y 11 kilómetros.
“Mientras el Gobierno del Estado alega falta de recursos frente a las necesidades del Poder Judicial y la Fiscalía General de Justicia que requieren más de 13 mil millones de pesos para operar, o frente a los requerimientos de los organismos electorales para la elección de 2027, el dinero devuelto a los despachos privados, tan solo el diez por ciento de este monto, unos 728 millones de pesos bastaría para financiar prácticamente el 90% por ciento de todo el costo del proceso electoral en Nuevo León”, aseguró Caballero Chávez.
La ciudadanía de Nuevo León tiene derecho a conocer cómo se administran los recursos públicos y, sobre todo, a tener certeza de que cualquier irregularidad detectada sea investigada hasta sus últimas consecuencias, concluyó la diputada Caballero Chávez.