Jéssica Rosales

Antes de descalificar a jóvenes y sus familias deberíamos preguntarnos con honestidad si cuando teníamos esa edad nunca fuimos imprudentes. Haber llegado a casa no siempre significó haber actuado bien.

El INE debe responder con documentos, argumentos y transparencia la decisión de votar en contra de perfiles a las presidencias de algunos Organismos Públicos Locales Eectorales. Trasladan su crisis a los estados. 

Para miles de familias resolver la crisis de AHMSA representa la diferencia entre sobrevivir o perderlo todo. Y lo más indignante es que, para muchos trabajadores, la justicia podría llegar demasiado tarde.

La ciudadanía no tendría por qué conformarse con saber quién ganó la disputa por una silla. Tiene derecho a exigir que quien la ocupe cumpla con su responsabilidad.

El diputado del Partido del Trabajo puede tener absoluta confianza en que recuperará su diputación. Está en su derecho. Pero existe una diferencia enorme entre expresar confianza en obtener una sentencia favorable.

Quien ocupa un cargo público debería entender que su responsabilidad no termina frente a una cámara o después de publicar un señalamiento contra una autoridad de otro partido.

El poder tiene todo el derecho de responder. Lo que no tiene derecho es a convertir la réplica en linchamiento, el desacuerdo en intimidación o la justicia en amenaza.

Criticar e impugnar las decisiones institucionales es legítimo. Lo incongruente es denunciar una conspiración cuando el fallo adverso proviene de una instancia estatal y callar cuando es federal.

La moral pública no puede funcionar como garrote para golpear adversarios y dejar de aplicarse cuando los excesos vienen del interior de su propio movimiento.

Estar entre los primeros lugares nacionales de generación de empleo es una buena señal; convertirla en una tendencia sostenible será la verdadera prueba para Coahuila.