Jéssica Rosales

El verdadero riesgo para una sociedad no comienza cuando aparecen medios críticos. Comienza cuando el poder pretende convertirse en el filtro de lo que los ciudadanos deben leer, escuchar o mirar.

Se puede discrepar del gobierno, cuestionar decisiones públicas y exigir mejores resultados, pero hacerlo desde datos falsos o manipulados sólo termina desacreditando a quien los difunde.

Toda persona tiene derecho a un proceso justo, al debido proceso y a la presunción de inocencia. Pero defender esos derechos no convierte a cualquier servidor público en víctima de persecución política.

La diversión nunca puede construirse sobre la incomodidad, el miedo o la humillación de otra persona. Ninguna corporación policiaca puede sustituir la conciencia social.

Después del duelo electoral llega el momento de reconstruir, y el silencio de las dirigencias panistas en Coahuila difícilmente puede convertirse en estrategia.

Detrás de cada reportero y reportera hay madres, padres, hijos, hijas, esposos, esposas, hermanos y amigos que también sufren cuando una campaña de odio se convierte en amenazas, insultos o agresiones.

Nadie debería estar en contra de la presunción de inocencia. Es un principio fundamental en cualquier democracia. El problema surge cuando ese criterio se aplica de manera selectiva.

Si un funcionario público recibe un salario alto provenientes de los impuestos de los ciudadanos, la exigencia mínima es que cumpla con su trabajo. Cada curul exige responsabilidad, presencia y respeto.

Si Morena tenía la voluntad y las herramientas para depurar sus filas de posibles vinculos con el crimen organizado, la pregunta es incómoda e ineludible: ¿por qué no lo hizo antes de postularlos?

Hacer campaña mientras se abandona el Pleno del Congreso sin renunciar al sueldo abre una pregunta legítima: ¿quiere seguir siendo diputado sin ejercer plenamente como diputado?