Jéssica Rosales

Quien ocupa un cargo público debería entender que su responsabilidad no termina frente a una cámara o después de publicar un señalamiento contra una autoridad de otro partido.

El poder tiene todo el derecho de responder. Lo que no tiene derecho es a convertir la réplica en linchamiento, el desacuerdo en intimidación o la justicia en amenaza.

Criticar e impugnar las decisiones institucionales es legítimo. Lo incongruente es denunciar una conspiración cuando el fallo adverso proviene de una instancia estatal y callar cuando es federal.

La moral pública no puede funcionar como garrote para golpear adversarios y dejar de aplicarse cuando los excesos vienen del interior de su propio movimiento.

Estar entre los primeros lugares nacionales de generación de empleo es una buena señal; convertirla en una tendencia sostenible será la verdadera prueba para Coahuila.

El fracking, que Ricardo Mejía Berdeja propusó prohibir en tiempos de Peña Nieto, no ha cambiado como hoy él asegura, lo que cambió fue el gobierno que lo puso sobre la mesa. En política eso se llama hipocresía.

Cuando se elige por popularidad y no por trayectoria, el problema aparece cuando no abandonan el papel de creadores de contenido y continúan como si la política fuera una extensión de sus redes sociales. 

El verdadero riesgo para una sociedad no comienza cuando aparecen medios críticos. Comienza cuando el poder pretende convertirse en el filtro de lo que los ciudadanos deben leer, escuchar o mirar.

Se puede discrepar del gobierno, cuestionar decisiones públicas y exigir mejores resultados, pero hacerlo desde datos falsos o manipulados sólo termina desacreditando a quien los difunde.

Toda persona tiene derecho a un proceso justo, al debido proceso y a la presunción de inocencia. Pero defender esos derechos no convierte a cualquier servidor público en víctima de persecución política.