Llevo muchos años trabajando en medios de comunicación. He estado frente a un micrófono, he escrito columnas y he trabajado con periodistas.
Y también conozco el otro lado.
En mi paso por la Presidencia de la Republica trabajé en la coordinación de la estrategia digital nacional.
Me tocó estar del lado de quien comunica desde el Gobierno, explicar decisiones, construir mensajes y entender algo fundamental para cualquier gobierno es importante comunicar bien.
Pero comunicar no es controlar.
Por eso me preocupa la discusión que hoy tenemos sobre los llamados derechos de las audiencias.
Empecemos por algo sencillo: las audiencias si tienen derechos.
Quien prende la radio o la televisión tiene derecho a distinguir una noticia de una opinion, información de publicidad y a contar con mecanismos para inconformarse cuando considera que un medio actuó incorrectamente.
El problema comienza cuando alguien tiene que decidir qué información es correcta, qué opinión debe diferenciarse, qué contenido cumple con determinados criterios y, sobre todo, qué consecuencias tendrá quien no lo haga.
Y entonces aparece la pregunta inevitable: ¿quién vigila al vigilante?
La libertad de expresión y el derecho a la información no son enemigos. Al contrario. Se necesitan.
Una sociedad bien informada necesita periodistas que puedan preguntar, investigar, cuestionar, equivocarse, corregir y también incomodar. Porque el periodismo que solamente publica aquello que le gusta al poder deja de cumplir su función.
Lo digo también desde la experiencia de haber estado del otro lado: a ningún gobierno le gusta todo lo que se publica sobre él. Es normal.
Hay notas injustas, titulares incomodos, información incompleta y opiniones con las que uno puede estar en desacuerdo. Pero esa incomodidad también es parte de la democracia.
Los derechos de las audiencias deben fortalecerse. Los medios debemos asumir nuestra responsabilidad y rendir cuentas frente a quienes nos escuchan, nos leen o nos ven.
Lo que nunca debemos permitir es que, con el argumento de proteger a las audiencias, terminemos entregándole al poder la posibilidad de decidir qué podemos decir.
Porque los derechos de las audiencias deben darle más poder al ciudadano.
No más poder al Gobierno.
