Durante décadas, la relación económica entre México y Estados Unidos ha estado sujeta a presiones cíclicas, casi siempre iniciadas desde el norte. En los primeros años del siglo XXI, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte pareció consolidar un nuevo marco de cooperación regional. Luego vendrían las tensiones del nacionalismo económico, primero con George W. Bush, después con Donald Trump en su primer mandato, y ahora, otra vez, bajo su regreso a la Casa Blanca. La historia parece repetirse, pero bajo condiciones que obligan a mirar más allá de la coyuntura.
El anuncio hecho hoy por ambos gobiernos —el de Donald Trump en Washington y el de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México— establece una pausa de 90 días antes de imponer nuevos aranceles del 30 % a las exportaciones mexicanas. La tarifa del 25 % se mantiene durante este periodo, pero el calendario ha comenzado a correr.
Se trata, en términos reales, de una prórroga que recuerda los avisos de ultimátum de años anteriores, disfrazados de voluntad negociadora. Pero a diferencia de episodios anteriores, esta vez no hay margen de ingenuidad: las reglas del juego están escritas y se llaman T-MEC.
La presidenta Sheinbaum, en una posición inicial de evidente presión, sostuvo una conversación telefónica con Trump que, según versiones oficiales, permitió “abrir un marco de diálogo sin ceder en principios soberanos ni en política económica”. Aseguran desde Palacio Nacional que no se aceptó condicionar el acuerdo a temas migratorios ni a cambios estructurales en los subsidios mexicanos, particularmente en energía.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, fue claro: “no negociamos bajo chantaje”. La frase, sin embargo, no borra la realidad del desequilibrio entre ambos países, ni la urgencia de acuerdos funcionales más allá de la retórica.
México exporta diariamente bienes por más de mil millones de dólares a Estados Unidos. La manufactura automotriz, los productos agrícolas y el sector electrónico serían, de aplicarse el nuevo arancel del 30 %, los primeros y más golpeados.
Las cadenas de valor están tan entrelazadas que las pérdidas no serían sólo para el lado mexicano, pero, como siempre, la fragilidad se siente con mayor crudeza en el eslabón más débil. Esta prórroga de tres meses es un mensaje en clave de ultimátum: se espera una reconfiguración del marco comercial o, al menos, concesiones visibles.
Detrás del lenguaje técnico se percibe la atmósfera de un regreso al proteccionismo. Trump, en campaña permanente aunque ya en funciones, ha hecho de los aranceles un instrumento de presión interna, disfrazado de política exterior.
Culpa a las importaciones mexicanas del declive industrial de los estados del cinturón oxidado, aun cuando las cifras del Departamento de Comercio estadounidense contradicen esa narrativa. La Casa Blanca actual se mueve más por percepciones que por balances. El problema para México es que las consecuencias son reales.
Del lado mexicano, la respuesta ha sido contener, resistir y ganar tiempo. No se ha anunciado, al momento, ninguna represalia comercial. El gobierno federal intenta movilizar a sus aliados dentro del sector privado estadounidense, los que dependen de la importación de insumos mexicanos o que invierten directamente en territorio nacional.
No es casual que la pausa de 90 días coincida con un periodo crucial de renegociaciones técnicas dentro del T-MEC. Todo apunta a que el diferendo actual será llevado a instancias trilaterales, y que Canadá tendrá, inevitablemente, que pronunciarse.
Los antecedentes importan. En 2019, Trump amenazó con aranceles generalizados si México no frenaba la migración centroamericana. Entonces, se respondió con el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur.
En 2020, ya en plena pandemia, se cuestionaron las prioridades de apertura industrial entre ambos países. En 2023, el contencioso fue el maíz transgénico. La constante es que México ha tenido que reaccionar. Esta vez, el gobierno de Sheinbaum busca no sólo reaccionar, sino contener la ofensiva sin renunciar al margen de soberanía que prometió cuidar. Pero el margen es estrecho.
La pausa es útil, pero no gratuita. Los mercados financieros reaccionaron con cautela: el peso se estabilizó tras varias jornadas volátiles, y las cámaras industriales celebraron el tiempo ganado. Sin embargo, se espera que en las próximas semanas aumente la presión de sectores empresariales para encontrar una “salida pragmática”, lo que podría traducirse en ajustes regulatorios internos o estímulos específicos para empresas exportadoras estadounidenses instaladas en México. Las negociaciones, si bien no son públicas, ya han comenzado.
El margen de estos 90 días no debe engañar. No es un periodo de gracia, sino un compás de espera bajo presión. Si México no logra construir una defensa firme del acuerdo trilateral, con argumentos legales y respaldo político desde Ottawa y algunos estados de EE. UU., el 1 de noviembre podría amanecer con una nueva estructura de costos para productos mexicanos. Y esa sería una catástrofe silenciosa para muchas regiones del país.
Lo que está en juego no es solo la tarifa, ni la relación bilateral en abstracto. Es el modelo económico que ha sostenido, con todos sus claroscuros, el crecimiento de muchas zonas del país durante más de dos décadas.
Estos 90 días definirán si el país es capaz de plantarse con dignidad, con estrategia, y con inteligencia en el tablero de los intereses compartidos. Porque esta tregua no es una victoria: es apenas el tiempo que da el enemigo para reordenar tus filas.
Tiempo al tiempo.
