Héctor Guerrero

La justa medianía, convertida por la 4T en símbolo moral, no era sólo un ajuste contable, sino un mandato político: vivir como la gente a la que se representa.

Andrés Manuel López Beltrán haría bien en recordar que predicar con principios exige vivir conforme a ellos. No se trata de legalidad, sino de ética política.

El margen de estos 90 días no debe engañar. No es un periodo de gracia, sino un compás de espera bajo presión. México necesita construir una defensa firme del acuerdo trilateral antes del 1 de noviembre.

Tras el escándalo Bermúdez, no hay margen para recomposición para Adán Augusto. Su responsabilidad política no requiere del debido proceso. el juicio ya se ha hecho en la opinión pública.

Resulta inadmisible que un funcionario de tan alto nivel continúe ejerciendo poder político sin enfrentar un proceso de esclarecimiento público.

El problema no es solo legal. Es profundamente político e institucional. La Ley General contra la Extorsión será otro proyecto que suena bien en tribuna pero fracasa en la calle.

Bajo el discurso de la transformación digital y la eficiencia gubernamental, se está gestando un modelo de control poblacional y de ejercicio autoritario del poder.

Designar como “adversario” a uno de sus principales socios revela una mentalidad imperial que ya no tiene cabida en un mundo interdependiente. México debe demostrar, con dignidad y estrategia, que jamás debió haber sido visto como tal.

Isabel Miranda fue más allá del dolor maternal. Convirtió su denuncia en una plataforma de influencia política. Pero el caso Wallace nunca se sostuvo en términos legales.

El país no avanzará abrazando discursos, apellidos o distracciones. Requiere instituciones fuertes, operativas, transparentes. Exige rendición de cuentas. Rechaza el nepotismo. No es voluntad presidencial quien dirige el país, sino la ley.