Héctor Guerrero

Resulta inadmisible que un funcionario de tan alto nivel continúe ejerciendo poder político sin enfrentar un proceso de esclarecimiento público.

El problema no es solo legal. Es profundamente político e institucional. La Ley General contra la Extorsión será otro proyecto que suena bien en tribuna pero fracasa en la calle.

Bajo el discurso de la transformación digital y la eficiencia gubernamental, se está gestando un modelo de control poblacional y de ejercicio autoritario del poder.

Designar como “adversario” a uno de sus principales socios revela una mentalidad imperial que ya no tiene cabida en un mundo interdependiente. México debe demostrar, con dignidad y estrategia, que jamás debió haber sido visto como tal.

Isabel Miranda fue más allá del dolor maternal. Convirtió su denuncia en una plataforma de influencia política. Pero el caso Wallace nunca se sostuvo en términos legales.

El país no avanzará abrazando discursos, apellidos o distracciones. Requiere instituciones fuertes, operativas, transparentes. Exige rendición de cuentas. Rechaza el nepotismo. No es voluntad presidencial quien dirige el país, sino la ley.

Es cierto que la participación en la elección judicial fue baja. Pero de ahí a suponer que fue un revés para el gobierno o una victoria de la oposición es, francamente, una fantasía. 

El movimiento político que abrogó la reforma educativa neoliberal y les restituyó los privilegios está ahora siendo tratado como enemigo por los maestros del chantaje.

El asesinato de los colaboradores de Clara Brugada fue una ejecución precisa, profesional, diseñada para enviar un mensaje, una alerta roja que pone en jaque la seguridad, la estabilidad y hasta la soberanía del Estado en su capital. 

El problema es que, mientras allá se filtran informes de la DEA y se negocian acuerdos judiciales, acá se siguen normalizando las zonas de silencio donde los cárteles gobiernan más que los funcionarios