Héctor Guerrero

Antes de discutir quién convoca una protesta o qué intereses pueden acompañarla, corresponde examinar si las demandas tienen fundamento. La filiación política de quien denuncia una carencia no convierte esa carencia en imaginaria.

La Ley Federal del Derecho de Autor crea incentivos perversos para la autocensura, crea mecanismos que pueden castigar al que investiga y eso crea un desincentivo a investigar personas con poder.

No sabemos si teme una investigación, a antiguos socios, a quienes aparecen en sus propias conversaciones o a alguien que todavía no conocemos.

La vieja diplomacia mexicana, de la que hoy carecemos, no era poderosa porque México fuera poderoso. Era poderosa porque sabía dónde estaba parada. Sabía qué principios defender, qué intereses negociar y qué líneas no cruzar.

La pregunta resulta elemental: si la encuesta constituye una fuente de legitimidad de los candidatos de Morena, ¿por qué el ciudadano debe confiar en una encuesta cuyos resultados no puede conocer?

El electorado que no quiere votar por Morena existe; los estudios demoscópicos lo muestran en distintas proporciones. Lo que permanece abierto es el destino de ese voto. 

El verdadero fracaso no sería que una nueva élite disfrutara de los privilegios de la anterior; sería que la sociedad terminara aceptando los mismos privilegios simplemente porque ahora los disfrutan otros.

La oposición tiene derecho a preguntar qué hay detrás de las cancelaciones de visas a morenistas. Pero carece de sentido convertir una visa en prueba de culpabilidad.

Alito puede seguir pretendiendo que toda investigación es una conspiración. La nueva solicitud existe. Las carpetas existen. La Sección Instructora las tiene. Y el procedimiento no ha sido resuelto. 

Si el regulador puede proteger a una audiencia frente a un medio, también debe quedar jurídicamente impedido de proteger al poder frente a un medio incómodo. De eso debería tratar realmente la consulta.