Héctor Guerrero

Cada conferencia donde la Presidencia sale a respaldar a Marina del Pilar fortalece la sospecha de que existe una decisión política de proteger determinadas piezas del tablero a cualquier costo.

Ken Salazar representa para México una explicación accesible. Para Trump representa una herencia demócrata. Para ambos lados de la frontera funciona como un personaje ideal para absorber culpas.

El “Sí se puede� acompañó por décadas a una afición que soñaba con derribar un muro. El “¿Y si sí?� pertenece a una generación que ha comenzado a ver grietas en ese muro.

Cuando la política sustituye el análisis por el espectáculo emocional, el debate público se empobrece y las soluciones se vuelven cada vez más superficiales.

México comienza a ser observado por Estados Unidos menos como un socio comercial y más como un desafío de seguridad. Ese cambio conceptual es enorme. Y sus implicaciones pueden ser todavía mayores.

Mientras las estadísticas presumen crecimiento, millones de aficionados siguen observando desde la distancia que impone el precio de una entrada.

Lo que se observa con Estados Unidos no es una ofensiva militar. Tampoco una ruptura diplomática. Lo que existe es una estrategia de presión menos espectacular, pero potencialmente más efectiva.

La libertad de expresión jamás se diseñó para proteger medios dóciles o periodistas alineados con el gobierno. Su razón de existir consiste precisamente en garantizar el derecho a cuestionar, incomodar, exagerar e incluso irritar al poder.

La presidenta Claudia Sheinbaum exige pruebas “contundentes� y Rubén Rocha simplemente se esfuma. Nadie lo ve. Nadie lo escucha. Nadie sabe exactamente dónde está.

El dato más delicado de todo el caso Rocha Moya es que Palacio Nacional parece más concentrado en protegerlo y contener daños internos que en desmontar estructuralmente las redes criminales bajo sospecha.