La historia demuestra que pocas tentaciones resultan tan peligrosas para cualquier gobierno como la de regular aquello que se dice, se escucha o se transmite.
Ninguna democracia puede prescindir de reglas para los medios de comunicaci贸n, pero tampoco puede permitirse que esas reglas terminen convirti茅ndose en instrumentos para limitar la cr铆tica, condicionar las opiniones o inhibir el debate p煤blico.
La discusi贸n que hoy vive M茅xico en torno a la nueva regulaci贸n de radio y televisi贸n ha encendido nuevamente una de las alarmas m谩s sensibles para cualquier sociedad democr谩tica: la libertad de expresi贸n.
Desde el Gobierno Federal se insiste en que no existe intenci贸n alguna de censurar a los medios de comunicaci贸n. La administraci贸n de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que las modificaciones buscan fortalecer los derechos de las audiencias, combatir la desinformaci贸n y garantizar una comunicaci贸n m谩s responsable, negando que se trate de una 鈥淟ey Censura鈥.
Pero este tema, no se trata 煤nicamente de lo que una ley diga en el papel, por qu茅 las dudas no han desaparecido鈥
Organizaciones defensoras de la libertad de expresi贸n como Article 19 y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) han advertido que algunas disposiciones podr铆an permitir una intervenci贸n excesiva del Estado sobre los contenidos difundidos por radio, televisi贸n e incluso plataformas digitales, dependiendo de c贸mo sean interpretadas y aplicadas por la autoridad.
A estas preocupaciones se han sumado representantes de la industria de la radiodifusi贸n, especialistas en derecho constitucional y diversos analistas, quienes consideran que la concentraci贸n de facultades regulatorias en un organismo dependiente del Ejecutivo podr铆a debilitar los contrapesos institucionales que durante a帽os buscaron garantizar la autonom铆a del sector.
La libertad de expresi贸n existe para garantizar que las distintas voces puedan seguir siendo escuchadas.
Los medios de comunicaci贸n tienen, por supuesto, responsabilidades 茅ticas. Deben informar con rigor, verificar datos, evitar la desinformaci贸n y respetar los derechos de las audiencias. Nadie discute esa obligaci贸n.
Pero tambi茅n es cierto que corresponde a los ciudadanos decidir qu茅 escuchar, qu茅 ver y qu茅 creer, no al gobierno determinar qu茅 contenidos resultan aceptables dentro del debate p煤blico.
Por ello, el debate no debe reducirse a una confrontaci贸n entre oficialismo y oposici贸n. La verdadera discusi贸n consiste en encontrar el equilibrio entre una regulaci贸n y la preservaci贸n absoluta de una prensa libre, cr铆tica y plural.
La libertad de expresi贸n rara vez desaparece de un solo golpe. Generalmente comienza a erosionarse mediante peque帽as restricciones que, en nombre del orden, la protecci贸n o el inter茅s p煤blico, terminan reduciendo el espacio para la cr铆tica.
En democracia, la mejor respuesta frente a una mala opini贸n nunca ha sido el silencio impuesto por la autoridad. Siempre ser谩 mejor tener una opini贸n, m谩s informaci贸n y un debate abierto.
Porque los gobiernos pasan, pero la opini贸n p煤blica permanece.
Buen fin de semana, la frase: 鈥淓l invierno m谩s fr铆o que he pasado fue un verano en San Francisco鈥.
脕nimo.
