México es un paÃs con 32 entidades federativas profundamente distintas entre sÃ, pero donde las decisiones económicas más importantes se toman en la Ciudad de México. Esa estructura centralista —polÃtica, fiscal, regulatoria y administrativa— tiene un costo económico enorme. El centralismo no solo es un problema polÃtico: es un freno directo al crecimiento, a la inversión y a la productividad.
El paÃs opera como si fuera homogéneo, cuando en realidad es profundamente desigual. Estados como Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Querétaro, Guanajuato y Baja California generan la mayor parte de la actividad industrial, las exportaciones y el empleo formal. Sin embargo, las decisiones estratégicas sobre energÃa, infraestructura, regulación, permisos, inversión pública y polÃtica fiscal se toman desde la capital, lejos de donde ocurre la producción real.
Las decisiones sobre energÃa, agua, transporte, puertos y aeropuertos están centralizadas en el gobierno federal. Esto genera retrasos, incertidumbre y costos adicionales. El nearshoring es el ejemplo más claro: la burocracia federal ha retrasado proyectos millonarios y la decisión de monopolizar la generación eléctrica ha elevado los costos de producción para muchas empresas. El resultado es inevitable: el centralismo inhibe la inversión privada porque obliga a depender de una burocracia lenta y distante.
El centralismo también castiga a los estados más productivos. Los estados que más aportan al PIB reciben menos recursos de los que generan. Nuevo León, por ejemplo, aporta alrededor del 8% del PIB nacional, pero recibe una proporción mucho menor del gasto federalizado. El sistema fiscal premia a los estados menos productivos a expensas de los más prósperos. Esto provoca que, ante la falta de recursos, la inversión pública se vea mermada, afectando la infraestructura que sostiene la actividad económica.
Además, el centralismo genera un paÃs de dos velocidades. El norte y el BajÃo avanzan con manufactura, exportaciones, nearshoring y empleo formal. El sur-sureste avanza con gasto público, subsidios y proyectos estatales. México necesita polÃticas regionales diferenciadas, no un modelo único dictado desde la capital. Sin embargo, los estados no pueden regular, abrir mercados, atraer inversión estratégica ni diseñar polÃticas industriales propias. Todo depende de permisos federales.
Un paÃs competitivo necesita competencia entre regiones, no obediencia a un centro.
Mientras México siga gobernado desde un modelo centralista que ignora la realidad productiva de sus regiones, seguirá creciendo por debajo de su potencial.
