Durante mas de veinte años me he dedicado a la comunicación. He entendido su poder, su alcance y también sus riesgos.
Porque comunicar no es sólo informar. Es influir, es construir percepción, es incidir en la manera en que una sociedad interpreta la realidad.
Y justamente por eso, hay limites que no deberían cruzarse. Uno de ellos es cuando la justicia deja de resolverse en los tribunales y comienza a intentarse en los medios.
En los últimos años hemos visto casos profundamente dolorosos y complejos que han sido llevados al espacio público con una intensidad mediatica que muchas veces rebasa la dimensión legal.
Casos que, por su propia naturaleza, requieren sensibilidad, rigor y responsabilidad.
También hemos visto otra cara. La de quienes buscan utilizar los medios no para visibilizar una causa legitima, sino como una estrategia. Como una forma de presión. Como un intento de construir una narrativa que no necesariamente corresponde con los hechos.
He sido testigo de cómo se puede intentar distorsionar la realidad a través de la mediatización de un proceso legal.
De cómo, en lugar de cumplir con obligaciones claras, se opta por pagar espacios, buscar micrófonos. Es una estrategia que no busca justicia, busca percepción.
Porque es más fácil generar empatía pública que asumir responsabilidades privadas. Más fácil dar entrevistas que cumplir con lo que corresponde. Más fácil construir una historia que sostener la verdad.
Y en ese punto, la comunicación deja de ser una herramienta y se convierte en un mecanismo de manipulación.
No lo digo solo yo. Desde el propio Poder Judicial en Coahuila se ha señalado con claridad que los asuntos deben resolverse en los tribunales, no en los medios.
Que la exposición mediática puede distorsionar los procesos, generar presiones indebidas y afectar tanto a las partes como al debido proceso.
