Alejandro Moreno C谩rdenas ha hecho de la resistencia una forma de supervivencia pol铆tica. Desde que dej贸 el gobierno de Campeche y convirti贸 la presidencia del PRI en una plataforma personal, ha conseguido atravesar investigaciones, esc谩ndalos, rebeliones internas, derrotas electorales y acusaciones patrimoniales sin abandonar el poder. Su f贸rmula ha sido conocida: convertir cada cuestionamiento en una agresi贸n de Morena, cada investigaci贸n en persecuci贸n y cada intento de someterlo a la ley en una batalla por la democracia. Pero hay algo que no ha conseguido desaparecer: el expediente.
La historia del desafuero tiene varias estaciones y conviene no confundirlas. En 2022, la Fiscal铆a de Campeche pidi贸 retirar el fuero a Moreno por una investigaci贸n relacionada con presunto enriquecimiento il铆cito. Aquella primera solicitud termin贸 siendo declarada improcedente por la Secci贸n Instructora en 2025. El cap铆tulo qued贸 cerrado, pero no la historia. En julio de 2025 lleg贸 una nueva solicitud, ahora por presunto peculado y uso indebido de atribuciones, con un monto se帽alado de 83 millones 508 mil pesos durante su administraci贸n como gobernador, entre 2015 y 2019.
Esta segunda solicitud es la que importa hoy. La Fiscal铆a Anticorrupci贸n de Campeche la present贸 ante la C谩mara de Diputados y la Secci贸n Instructora la admiti贸 para su an谩lisis. El expediente incluye cuatro carpetas de investigaci贸n y se帽alamientos sobre operaciones que, seg煤n la acusaci贸n ministerial, habr铆an producido un da帽o al erario. No se trata todav铆a de una sentencia ni de una declaraci贸n de culpabilidad. Se trata de una investigaci贸n que busca retirar la inmunidad procesal para que la autoridad pueda llevar el caso ante un juez. Esa diferencia jur铆dica debe mantenerse intacta, aunque pol铆ticamente resulte mucho menos espectacular.
El monto tampoco apareci贸 de la nada. La documentaci贸n difundida sobre la solicitud desglosa acusaciones por pagos presuntamente simulados superiores a 27 millones de pesos, contratos que la Fiscal铆a considera irregulares por casi 24 millones, erogaciones sin respaldo por m谩s de 14 millones y una obra cuyo supuesto sobreprecio habr铆a superado los 18 millones. Son imputaciones, no hechos judicialmente probados. Pero son suficientemente concretas para que la respuesta no pueda reducirse a un 鈥渕e persiguen鈥. La pregunta inevitable es qu茅 contienen las carpetas y qu茅 podr谩 sostenerse con pruebas ante un tribunal.
Moreno ha respondido con la f贸rmula que mejor conoce: transformar el expediente en un pleito pol铆tico. Morena quiere quitarle el fuero, dice; Morena quiere callarlo, sostiene; Morena pretende destruir a la oposici贸n, argumenta. Y mientras en M茅xico se habla de las investigaciones de Campeche, 茅l ha llevado su confrontaci贸n a Washington.
En 2026 ha realizado varias visitas a Estados Unidos y en su m谩s reciente viaje present贸 una denuncia ante el Departamento de Estado contra tres consejeros del INE, a quienes acusa de restringir su libertad de expresi贸n. Tambi茅n ha anunciado que llevar谩 sus denuncias ante organismos internacionales.
La maniobra tiene inteligencia pol铆tica. Si la discusi贸n permanece en Campeche, Moreno tiene que responder por Campeche. Si consigue trasladarla a Washington, puede presentarse como un dirigente opositor perseguido por un gobierno autoritario. Cambia el escenario, cambia el lenguaje y cambia incluso el personaje: el exgobernador investigado se convierte en defensor de la democracia mexicana frente a una supuesta amenaza autoritaria. El expediente, sin embargo, no viaja con 茅l. La C谩mara de Diputados est谩 aqu铆, la Fiscal铆a que investiga est谩 en Campeche y cualquier responsabilidad penal tendr谩 que ser determinada por autoridades mexicanas.
Hay adem谩s un elemento que vuelve particularmente delicado el momento. Mientras Morena reclama que el procedimiento avance, el conflicto pol铆tico alrededor de Moreno ha alcanzado un grado de confrontaci贸n pocas veces visto. El 12 de agosto, una discusi贸n entre legisladores del PRI y Morena termin贸 en agresiones f铆sicas, despu茅s de un intercambio sobre las acusaciones de narcotr谩fico, la intervenci贸n extranjera y el viaje de Moreno a Estados Unidos. El episodio no demuestra nada sobre las acusaciones contra el dirigente priista, pero s铆 muestra hasta d贸nde ha llegado la polarizaci贸n alrededor de su figura.
Alito ha aprendido algo fundamental de la pol铆tica mexicana: mientras todos hablan del adversario, nadie habla del expediente. Su carrera reciente puede leerse tambi茅n como una sucesi贸n de desplazamientos del tema. Cuando se cuestiona su patrimonio, habla de Morena. Cuando se cuestiona su gesti贸n en Campeche, habla de Layda Sansores. Cuando se habla del desafuero, habla de autoritarismo. Cuando el INE interviene en sus expresiones, habla de censura. Cuando sus adversarios cuestionan su estrategia, aparece Washington. El resultado es eficaz: la conversaci贸n se mueve constantemente, mientras las acusaciones permanecen.
Y aqu铆 aparece la parte m谩s inc贸moda para el dirigente priista. El fuero no es una absoluci贸n. Tampoco es una patente de impunidad. Es una protecci贸n procesal para determinados servidores p煤blicos. Su eventual retiro tampoco significar铆a que Moreno sea culpable: significar铆a que podr铆a enfrentar ante la justicia una investigaci贸n sin esa protecci贸n. Por eso resulta igualmente irresponsable afirmar que el desafuero ya est谩 consumado que presentar cualquier investigaci贸n como prueba definitiva de culpabilidad. La justicia no funciona por consignas. Funciona mediante pruebas, acusaciones formales, defensa y sentencia.
Morena, por su parte, tiene una responsabilidad que no puede eludir. Si pretende acelerar el procedimiento, tendr谩 que demostrar que no est谩 utilizando el Congreso como oficina de castigo pol铆tico. El caso es demasiado delicado para que se resuelva mediante gritos, pancartas o declaraciones triunfalistas. Si las carpetas son s贸lidas, deben resistir el escrutinio jur铆dico. Si son d茅biles, se desmoronar谩n. Y si el oficialismo intenta convertir el desafuero en una condena anticipada, terminar谩 regal谩ndole a Moreno exactamente lo que necesita: el papel de v铆ctima que lleva a帽os interpretando.
Pero tampoco Alito puede seguir pretendiendo que toda investigaci贸n es una conspiraci贸n. El expediente existe. La nueva solicitud existe. El monto de 83.5 millones est谩 documentado en la petici贸n de la Fiscal铆a. Las carpetas existen. La Secci贸n Instructora las tiene. Y el procedimiento no ha sido resuelto. En abril de 2026 circul贸 incluso informaci贸n falsa sobre un supuesto voto de la C谩mara de Diputados que ya habr铆a eliminado su fuero; la verificaci贸n correspondiente confirm贸 que eso no hab铆a ocurrido. Moreno conserva el fuero y el procedimiento permanece pendiente.
Lo que s铆 est谩 ocurriendo es el intento de reactivar el asunto. El procedimiento qued贸 detenido durante el receso legislativo y puede volver a la agenda cuando comience el periodo ordinario de sesiones. Esa es la situaci贸n real: Moreno no ha sido desaforado, no ha sido condenado por estos hechos y no existe una orden de aprehensi贸n derivada de este procedimiento. Pero tampoco puede decir que el expediente haya desaparecido. La discusi贸n simplemente vuelve al lugar donde tarde o temprano tendr谩 que resolverse: las instituciones.
Y quiz谩 por eso el momento resulta pol铆ticamente inc贸modo para 茅l. Durante a帽os pudo administrar los tiempos, responder a sus adversarios y convertir las investigaciones en combustible para su liderazgo dentro del PRI. Ahora la pregunta ya no es cu谩nto tiempo puede resistir una tormenta pol铆tica, sino cu谩nto puede resistir un expediente cuando vuelve a la mesa legislativa con acusaciones concretas y una Fiscal铆a que insiste en llevarlo adelante. La pol铆tica permite aplazar. El procedimiento jur铆dico, tarde o temprano, exige una respuesta.
La historia de Alito tampoco puede separarse de su manera de ejercer el poder. Lleg贸 a la gubernatura de Campeche, sali贸 de ella y posteriormente asumi贸 el control del PRI nacional. Desde entonces ha enfrentado cuestionamientos por su patrimonio y por su actuaci贸n pol铆tica, al mismo tiempo que ha conservado el mando del partido y ha reducido considerablemente el espacio para sus adversarios internos. Su principal virtud pol铆tica ha sido la supervivencia. Su principal problema es que esa supervivencia ha terminado convirtiendo cada acusaci贸n en una batalla personal.
Ahora el expediente vuelve a tocar la puerta. Morena quiere abrirla. Moreno quiere demostrar que detr谩s de ella s贸lo existe una persecuci贸n. La Fiscal铆a de Campeche tendr谩 que probar lo que acusa. La C谩mara de Diputados tendr谩 que decidir conforme al procedimiento constitucional. Y un juez, si el caso llega hasta ah铆, tendr谩 la 煤ltima palabra. Nadie deber铆a anticipar esa decisi贸n, ni para absolverlo ni para condenarlo. Pero tampoco deber铆a cerrarse la investigaci贸n para protegerlo.
Porque despu茅s de cuatro a帽os de acusaciones y contraacusaciones, el pa铆s merece algo m谩s que otra temporada de declaraciones. Merece saber qu茅 ocurri贸 con los recursos p煤blicos de Campeche, qu茅 pueden probar las carpetas de investigaci贸n y qui茅n, en su caso, deber谩 responder por ello. Alito puede seguir denunciando a Morena en Washington, puede seguir acusando autoritarismo y puede seguir present谩ndose como el 煤ltimo basti贸n de la oposici贸n. Todo eso pertenece al terreno de la pol铆tica.
El expediente pertenece a otro.
Y ah铆 est谩 el verdadero problema de Alejandro Moreno: ha sido extraordinariamente eficaz para sobrevivir pol铆ticamente, pero ninguna habilidad para la confrontaci贸n sustituye una explicaci贸n cuando las preguntas se convierten en documentos, los documentos en investigaciones y las investigaciones en un procedimiento formal. Puede combatir a Morena, disputar al PRI, recorrer Washington y denunciar persecuciones. Lo que no puede hacer es convertir el fuero en una respuesta.
Si la Fiscal铆a se equivoca, que quede exhibida. Si Morena pretende vengarse, que quede exhibido. Pero si existen pruebas de que durante su gobierno se utilizaron indebidamente recursos p煤blicos, entonces tampoco puede haber una salida pol铆tica para impedir que la justicia llegue hasta donde tenga que llegar. El privilegio constitucional no fue dise帽ado para borrar responsabilidades, sino para proteger la funci贸n p煤blica de persecuciones arbitrarias.
Por eso, la discusi贸n que viene no deber铆a ser sobre qui茅n grita m谩s fuerte ni sobre qui茅n consigue mejores titulares. Deber铆a ser sobre qu茅 dicen las carpetas, qu茅 puede probar la Fiscal铆a y qu茅 responder谩 la defensa. Despu茅s de tantos a帽os, ya no hay necesidad de otra batalla de propaganda. Hay una pregunta mucho m谩s simple y mucho m谩s inc贸moda para Alejandro Moreno: 驴puede explicar, con documentos y ante las instituciones, aquello que durante a帽os ha respondido 煤nicamente con pol铆tica?
Ah铆 empieza la verdadera prueba para Alito. No en Washington, no en la tribuna del Senado y tampoco en los pleitos con Morena. Empieza en los expedientes. Porque mientras 茅l siga haciendo de la persecuci贸n su principal argumento, habr谩 una pregunta que sus adversarios podr谩n repetir indefinidamente. Y mientras esa pregunta permanezca sin una respuesta judicial, el expediente seguir谩 ah铆, esperando que alguien finalmente lo abra.
Tiempo al tiempo.
