La fortaleza de un gobierno se mide cuando llega el momento de decidir cu谩nto est谩 dispuesto a arriesgar para sostener a los propios. La crisis pol铆tica que rodea a Marina del Pilar 脕vila dej贸 de ser un asunto exclusivo de la gobernadora de Baja California.
Tampoco se limita a la cancelaci贸n de una visa estadounidense o a las disputas internas de Morena. El caso alcanz贸 otra dimensi贸n porque las decisiones adoptadas para respaldarla comienzan a comprometer a las figuras m谩s importantes del poder nacional. El problema ya escal贸 hasta la Presidencia de la Rep煤blica.
Durante meses el oficialismo present贸 el asunto como una campa帽a pol铆tica, una operaci贸n medi谩tica o una ofensiva de adversarios locales. La estrategia parec铆a sostenible mientras los elementos p煤blicos fueran escasos y las acusaciones permanecieran en el terreno de las versiones period铆sticas.
La aparici贸n de los audios difundidos por H茅ctor de Maule贸n alter贸 por completo el escenario. Su relevancia radica en que la discusi贸n abandon贸 el territorio de las especulaciones. A partir de ese momento el debate se instal贸 en el contenido de las conversaciones.
Las grabaciones muestran a una Marina del Pilar preocupada por su situaci贸n frente a autoridades estadounidenses. Tambi茅n reflejan inter茅s por conocer el alcance de posibles investigaciones y por explorar contactos que pudieran ayudarla a resolver la presi贸n que enfrenta. M谩s tarde la propia gobernadora reconoci贸 la existencia de las conversaciones. Su explicaci贸n apunt贸 hacia una operaci贸n pol铆tica impulsada por el exgobernador Jaime Bonilla. Sin embargo, el reconocimiento termin贸 desplazando la atenci贸n hacia el contenido de los audios.
La controversia dej贸 de centrarse en la autenticidad de las grabaciones. La atenci贸n p煤blica se concentr贸 en las implicaciones pol铆ticas de escuchar a una gobernadora hablar sobre investigaciones, contactos en Estados Unidos y posibles v铆as para mejorar su situaci贸n. La discusi贸n adquiri贸 una dimensi贸n nacional. El asunto ya no pertenec铆a 煤nicamente a Baja California. La conversaci贸n comenz贸 a alcanzar a las estructuras m谩s altas del gobierno federal.
La respuesta de Palacio Nacional lleg贸 r谩pidamente. Claudia Sheinbaum afirm贸 que el contenido conocido de las grabaciones no acreditaba delito alguno. Omar Garc铆a Harfuch sostuvo una posici贸n semejante y descart贸 elementos que justificaran una investigaci贸n penal. Jur铆dicamente puede tratarse de una postura v谩lida. Pol铆ticamente la ecuaci贸n resulta mucho m谩s compleja. Cada respaldo presidencial amplifica el costo de cualquier error de c谩lculo.
Cada vez que la Presidencia sale a blindar a un funcionario cuestionado, el desgaste deja de concentrarse en la persona se帽alada. La responsabilidad comienza a repartirse entre quienes lo defienden. Ese fen贸meno ya ocurri贸 con Rub茅n Rocha Moya. Ahora ocurre con Marina del Pilar. La percepci贸n p煤blica resulta inevitable. Antes de que concluyan investigaciones y antes de que las instituciones despejen dudas, el aparato pol铆tico cierra filas.
La consecuencia tambi茅n resulta previsible. La narrativa de la narcopol铆tica encuentra combustible nuevo cada vez que el poder parece m谩s interesado en proteger funcionarios que en esclarecer hechos. La discusi贸n p煤blica deja de girar alrededor de pruebas concretas. El debate se desplaza hacia la percepci贸n de impunidad. Y las percepciones suelen producir m谩s da帽o pol铆tico que muchos expedientes judiciales. La erosi贸n comienza a operar de manera silenciosa pero constante.
La paradoja adquiere una dimensi贸n mayor porque ocurre en medio de una presi贸n creciente de Estados Unidos sobre actores pol铆ticos mexicanos. Washington insiste en que su combate est谩 dirigido contra los c谩rteles y las redes que los protegen. M茅xico responde reivindicando la soberan铆a nacional y denunciando intentos de injerencia. Ambas posturas pueden coexistir. Sin embargo, la defensa de la soberan铆a pierde fuerza cuando aparece mezclada con el respaldo permanente a funcionarios bajo cuestionamiento.
La presidenta tiene raz贸n al defender la soberan铆a nacional. Cualquier jefe de Estado tiene la obligaci贸n de hacerlo. El problema surge cuando esa defensa se confunde con la protecci贸n pol铆tica de determinados personajes. Entonces la discusi贸n deja de ser jur铆dica. Se convierte en una pregunta profundamente pol铆tica. 驴Qu茅 cuesta m谩s: sostener a gobernadores cuestionados o establecer una distancia institucional mientras los hechos se esclarecen?
Cada conferencia donde la Presidencia sale a respaldar a Marina del Pilar compromete algo m谩s que la suerte de una gobernadora. Compromete la palabra presidencial. Compromete a Omar Garc铆a Harfuch. Compromete la credibilidad del discurso anticorrupci贸n. Tambi茅n fortalece la sospecha de que existe una decisi贸n pol铆tica de proteger determinadas piezas del tablero a cualquier costo.
Quiz谩 ah铆 se encuentra la clave de todo este episodio. Marina del Pilar dej贸 de ser solamente Marina del Pilar.
Rocha Moya dej贸 de ser solamente Rocha Moya. Ambos representan una parte del legado pol铆tico construido durante el sexenio anterior. Cada defensa p煤blica parece orientada a evitar que investigaciones, esc谩ndalos o se帽alamientos proyecten sombras sobre la administraci贸n de Andr茅s Manuel L贸pez Obrador. Ese esfuerzo explica buena parte de la cautela gubernamental.
Explica los respaldos. Explica los silencios. Explica las defensas anticipadas. Explica incluso la renuencia a tomar distancia cuando los costos pol铆ticos se vuelven evidentes. Pero tambi茅n revela una debilidad. Un gobierno fuerte permite que las instituciones hagan su trabajo y asume las consecuencias de los resultados.
La situaci贸n alcanz贸 un punto particularmente revelador cuando el oficialismo recurri贸 nuevamente a L贸pez Obrador para enfrentar las presiones provenientes de Estados Unidos. Dos a帽os despu茅s de abandonar la Presidencia apareci贸 otra vez como protagonista de una discusi贸n que corresponde a una administraci贸n distinta. La imagen posee una enorme carga simb贸lica. Cuando las crisis obligan a rescatar a las figuras fundacionales del movimiento, el problema suele ser m谩s profundo de lo que se reconoce p煤blicamente. La necesidad de recurrir al expresidente dice m谩s que cualquier discurso.
Y, sinceramente, la carta enviada por L贸pez Obrador a Donald Trump aporta poco a la discusi贸n de fondo. Los problemas que hoy enfrenta el gobierno se resolver谩n 鈥攐 se agravar谩n鈥 mediante investigaciones, decisiones institucionales y responsabilidades pol铆ticas concretas. Ninguna apelaci贸n hist贸rica modificar谩 esa realidad. Todo termina reduci茅ndose a una pregunta sencilla. 驴Hasta d贸nde est谩 dispuesto a llegar el poder para proteger a los propios?
La factura pol铆tica de esa decisi贸n crece cada semana. Crece con cada revelaci贸n. Crece con cada respaldo anticipado. Crece con cada intento de contener una crisis mediante argumentos pol铆ticos. Y crece porque la percepci贸n p煤blica comienza a asociar la defensa de determinadas figuras con la defensa de un legado completo.
Al final, alguien terminar谩 pagando esa factura. Y dif铆cilmente ser谩 quien hoy se encuentra en el centro de la pol茅mica.
Tiempo al tiempo.
