Morena vive crisis que ya no admite interpretación benigna. Lo que comenzó como fricción interna se transformó en patrón reconocible: acusaciones que brotan desde dentro, silencios estratégicos desde arriba, defensa corporativa como reflejo inmediato.
El movimiento que prometió ruptura ética enfrenta ahora desgaste propio de fuerzas que confundieron mayorÃa electoral con legitimidad permanente.
Las revelaciones atribuidas a Julio Scherer Ibarra operaron como catalizador de un proceso previo. El libro puso las sospechas en orden. Financiamiento irregular, intermediarios opacos, cercanÃas inexplicables volvieron al centro del debate público.
La figura de Sergio Carmona Angulo, el llamado rey del huachicol, dejó de ser rumor marginal para convertirse en referencia recurrente cuando se examinan campañas, operadores y flujos de recursos. La reacción oficial privilegió descalificación del relato antes que contraste con hechos verificables. Estrategia conocida: erosionar credibilidad del acusador para evitar escrutinio del acusado.
Esa lógica se replica en otros frentes. La administración pública muestra signos de captura polÃtica que desbordan conflicto partidario. El episodio protagonizado por Marx Arriaga resultó ilustrativo. Un funcionario cesado que se atrinchera en su oficina, transmite resistencia por redes sociales, recibe respaldo ideológico de militantes y exhibe incapacidad de la autoridad para ejecutar decisión administrativa elemental. El conflicto por los libros de texto gratuitos dejó de ser debate pedagógico para convertirse en sÃntoma de algo más grave: confusión deliberada entre polÃtica pública y militancia doctrinaria.
Hasta lo iban a premiar como embajador.
En esa escena, la SecretarÃa de Educación quedó atrapada entre discurso transformador y obligación institucional. Mario Delgado, con pasado partidario reciente, enfrentó crisis que evidenció lÃmites de gestión cuando la lealtad polÃtica pesa más que la norma. El Estado apareció frágil frente a sus propios cuadros.
La arena legislativa tampoco ofrece estabilidad. Gerardo Fernández Noroña dejó presidencia del Senado en medio de reacomodos internos que buscan contención más que deliberación. El desplazamiento de figuras estridentes no resolvió tensiones; simplemente las reubicó. El debate se administra, no se procesa.
Mientras tanto, el discurso anticorrupción enfrenta contradicción mayor en relación con fuerzas armadas. Señalamientos persistentes sobre contratos, obras y manejo presupuestal quedan fuera de investigación efectiva. El poder civil opta por silencio funcional. La excepcionalidad militar se normaliza. Aquello que no se fiscaliza termina consolidándose como intocable.
La fiscalÃa anticorrupción, renovada con premura, aporta poco alivio. Condiciona acción a denuncias formales aun cuando indicios públicos abundan. AutonomÃa se diluye en formalismo. Justicia se vuelve reactiva, selectiva, previsible. La promesa de combate estructural a la corrupción se reduce a procedimiento administrativo.
Todo ocurre bajo arquitectura de control institucional amplia. Congreso alineado, órganos autónomos debilitados, jueces sometidos a presión polÃtica constante, presidencia con capacidad de incidir en cada tramo del aparato estatal. Morenaocupa espacios con lógica de permanencia. Contrapesos pierden vigor. Legalidad se adapta a coyuntura.
El saldo es pérdida acelerada de capital moral. La narrativa fundacional de regeneración se desgasta frente a evidencia cotidiana. La polÃtica deja de ser instrumento de transformación para convertirse en mecanismo de administración del poder. El adversario principal ya no está fuera; habita en prácticas que se prometieron erradicar.
La historia polÃtica ofrece lección reiterada: los movimientos que se niegan a revisar sus propias sombras terminan reproduciendo aquello que combatieron. Morena parece avanzar por esa ruta. La inercia del poder, una vez instalada, rara vez se corrige sola. Y cuando lo hace, suele ser demasiado tarde.
Tiempo al tiempo.
