Han pasado apenas tres meses desde que comenz贸 a operar Transparencia para el Pueblo, el organismo que reemplaz贸 al desaparecido INAI. Y lo que parec铆a una nueva etapa en el acceso a la informaci贸n p煤blica, se ha convertido en una grave se帽al de retroceso, tal y como se hab铆a advertido. El nuevo 贸rgano, que promet铆a acercar la transparencia a la gente, ha hecho todo lo contrario: cerrar las puertas al derecho a saber.
Los n煤meros son claros y muy preocupantes: de 2 mil 253 personas que pidieron revisar una negativa de informaci贸n, casi el 100% de los casos fueron desechados. Eso quiere decir que la mayor铆a de las personas que pidieron ayuda para conseguir informaci贸n p煤blica, fueron rechazadas sin que se resolviera su caso.
Y el problema no es solo cu谩ntos casos se rechazaron, sino c贸mo se rechazaron. La mayor铆a fueron desechados por supuestos errores t茅cnicos, como no llenar bien un requisito o no responder a un aviso del organismo. Pero, en lugar de ayudar a las personas a corregir sus errores y seguir con su solicitud, el nuevo organismo decidi贸 cerrar el caso y dejar a la gente sin respuesta.
Esto no es solo falta de empat铆a, es una violaci贸n a un derecho. La ley dice claramente que las autoridades deben facilitar que cualquier persona pueda ejercer su derecho a la informaci贸n, no ponerle trabas o desechar su solicitud por detalles menores.
Antes, el INAI, aunque ten铆a fallas, era un organismo que actuaba con independencia del gobierno y se esforzaba por proteger el derecho de la ciudadan铆a a saber. Hoy, Transparencia para el Pueblo depende directamente del Poder Ejecutivo, es decir, del gobierno. Esto pone en duda su imparcialidad y su capacidad para actuar sin presi贸n, sobre todo cuando la informaci贸n que se niega proviene de las propias oficinas del gobierno.
Y s铆, los hechos lo confirman: este nuevo organismo parece estar m谩s interesado en proteger al gobierno que en ayudar a la gente. Sus decisiones han favorecido mayormente a las dependencias que niegan la informaci贸n, y no a las personas que la solicitan. Esto va en contra de la Constituci贸n, de los tratados internacionales y del sentido com煤n.
Lo m谩s preocupante es que este modelo no se queda en lo federal. En al menos 23 estados del pa铆s se ha hecho lo mismo: los 贸rganos locales de transparencia fueron desaparecidos o absorbidos por oficinas del mismo gobierno estatal, como contralor铆as o secretar铆as anticorrupci贸n. Adem谩s, en 13 estados se han agregado m谩s motivos para negar informaci贸n, lo que solo refuerza la opacidad y hace m谩s dif铆cil saber qu茅 hacen las autoridades con el dinero y las decisiones p煤blicas.
Todo esto representa un retroceso enorme para la democracia. Cuando el gobierno esconde informaci贸n o dificulta el acceso a ella, la gente pierde poder, se debilita la participaci贸n ciudadana y se rompe la confianza en las instituciones. La transparencia no es un favor del gobierno, es un derecho de todas las personas.
Por eso, m谩s de 60 organizaciones de la sociedad civil y casi 100 periodistas, activistas, acad茅micos y defensores de derechos humanos han alzado la voz, documentando estos casos y el panorama actual en el pa铆s sobre la transparencia. No se trata solo de pedir que se arregle un sistema burocr谩tico; se trata de defender el derecho a saber, a preguntar y a recibir respuestas claras y completas.
Hoy m谩s que nunca, necesitamos transparencia real, organismos aut贸nomos que act煤en sin obedecer al poder, y reglas claras que protejan a las personas, no que las excluyan. Si permitimos que Transparencia para el Pueblo siga funcionando como est谩, pronto nos acostumbraremos a no saber nada.
Y cuando eso pase, habremos perdido no solo un derecho, sino tambi茅n un pedazo de nuestra democracia.
