México llegó al Mundial del 2026 y al cierre del sexenio con una economÃa que no despega, unas finanzas públicas frágiles y un Estado cada vez más replegado frente a la delincuencia. Mientras el discurso oficial insiste en que “nunca habÃamos estado mejorâ€, los datos muestran otra realidad: hoy, en varios frentes, el paÃs está peor que en 2018.
La primera señal de alarma viene del crecimiento económico. Diversos análisis con base en cifras oficiales han documentado que en 2025 el PIB de México apenas avanzó alrededor de 0.8% respecto a 2024, y que el PIB per cápita sigue estancado en niveles similares a los de 2017. Esto significa que, tras casi ocho años, el mexicano promedio no ha recuperado el ingreso por habitante que tenÃa antes del llamado “gobierno de transformaciónâ€.
El primer trimestre de 2026 confirma la tendencia: el crecimiento anual apenas rebasa unas décimas, pintando un escenario de estancamiento prolongado más que de desarrollo.
Ese estancamiento tiene, además, un rostro profundamente desigual. Mientras estados como Hidalgo, Guerrero y Tamaulipas registran tasas de crecimiento relativamente dinámicas en su actividad económica, otros como Campeche, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Quintana Roo y Tabasco acumulan años de desplomes en sus indicadores estatales.
Se ha configurado un mapa de “islas†de avance rodeadas de territorios en retroceso. En la práctica, esto implica que millones de mexicanos viven en entidades donde la inversión se va, la actividad productiva se contrae y las oportunidades se evaporan.
En el plano microeconómico, la fotografÃa es de contraste. El comercio minorista –espejo del consumo de los hogares– se ha mostrado sorprendentemente resiliente: entre 2024 y 2025 la mayorÃa de los estados reportan aumentos en las ventas al por menor, con casos sobresalientes como Guerrero, donde los ingresos de las tiendas crecieron a doble dÃgito.
Esa resistencia del consumo, sin embargo, se apoya más en la inercia del mercado interno, en las remesas y en el endeudamiento de las familias que en una expansión sólida del empleo formal y de la productividad.
El comercio mayorista, vinculado a la demanda entre empresas, se mantiene débil, reflejando el bajo Ãmpetu de la inversión productiva.
La inversión extranjera directa (IED) ofrece otro dato inquietante. Si bien el flujo de nueva inversión aumentó en 2025 frente al año previo, casi la mitad del capital fresco se concentró en la Ciudad de México.
Varios estados no recibieron ni un dólar nuevo y otros, como Sonora, Aguascalientes, San Luis Potosà y el propio Tamaulipas, registraron desinversión neta.
Lejos de consolidarse una polÃtica de desarrollo regional equilibrado, el modelo actual profundiza la concentración y deja amplias zonas del paÃs fuera del mapa de confianza de los inversionistas.
Todo ello tiene consecuencias directas sobre las finanzas públicas. Un crecimiento raquÃtico y una base tributaria que no se expande colocan a la hacienda pública “prendida con alfileresâ€: cada choque externo –ya sea una recesión global o una caÃda en los precios de exportación– pone en riesgo la capacidad del gobierno para sostener programas sociales, inversión en infraestructura y gasto en seguridad.
Sin margen para una polÃtica fiscal verdaderamente contracÃclica, el diseño financiero se apoya en el recorte, la reorientación discrecional del gasto y, en algunos casos, en endeudamientos silenciosos que comprometen a las generaciones futuras.
En este contexto económico frágil, la expansión de la delincuencia deja de ser sólo un tema de seguridad y se convierte en un problema estructural de desarrollo. La persistencia de estados con desinversión y actividad económica en caÃda coincide con la consolidación de regiones donde grupos delictivos controlan rutas, territorios y buena parte de las rentas locales. Se trata de un escenario en el que estos actores ilegales sustituyen al Estado como regulador de la economÃa de facto: cobran “impuestosâ€, condicionan la inversión, fijan reglas para el comercio y administran la violencia como mecanismo de gobernanza informal.
El “control territorial†ya no es una metáfora; es un dato concreto de la vida cotidiana en numerosas regiones.
La democracia, por su parte, se ha ido debilitando. Un entorno económico incierto y una sociedad fragmentada son terreno fértil para la erosión de contrapesos, el clientelismo y el uso de programas sociales como herramientas de control polÃtico.
En lugar de un sistema donde ciudadanÃa, mercado y Estado se equilibran, nos acercamos a un arreglo en el que el Ejecutivo concentra poder, los órganos autónomos se debilitan, el federalismo se condiciona y las reglas electorales se discuten más para asegurar ventajas que para fortalecer la representación.
Hay elecciones, sÃ, pero cada vez menos democracia sustantiva.
El resultado de esta combinación es un paÃs “atolladoâ€: sin crecimiento per cápita, con regiones completas condicionadas por la delincuencia y con instituciones polÃticas que pierden credibilidad.
Salir de este atolladero exige reconocer que el problema no es sólo económico, ni sólo de seguridad, ni sólo democrático. México necesita una agenda integral que recupere la productividad y la inversión –pública y privada–, reconstruya capacidades de seguridad y justicia, y reinstale contrapesos reales en el sistema polÃtico.
En este contexto, la inversión extranjera directa es claramente insuficiente para cambiar la trayectoria de fondo. Aunque los anuncios de proyectos y montos pueden sonar espectaculares, la IED se concentra en pocos estados y sectores, sin arrastrar al resto de la economÃa.
Con un mercado interno debilitado y productividad estancada, ningún flujo de capital externo, por sà solo, alcanza para llevar a México a tasas sostenidas de crecimiento superiores al 2% del PIB.
