La inflaci贸n no es un simple indicador macroecon贸mico: es la forma m谩s perversa de erosi贸n social.
Se comporta como un impuesto invisible, no aprobado en el Congreso, que se cobra d铆a a d铆a en los bolsillos de la mayor铆a.
Y lo m谩s grave: afecta con mayor crudeza a quienes menos tienen, porque son los que destinan casi todo su ingreso a consumir, y consumir es cada vez m谩s caro.
En M茅xico, donde el 54% de la poblaci贸n ocupada sobrevive en la informalidad, la inflaci贸n es a煤n m谩s devastadora.
En ese sector no existen contratos, prestaciones ni mecanismos de indexaci贸n salarial. El trabajador informal recibe hoy lo mismo que ayer, pero al ir al mercado compra menos.
En ese universo, que representa a m谩s de la mitad del pa铆s, la inflaci贸n no solo reduce poder adquisitivo: roba futuro.
Los datos lo confirman: el valor de la canasta alimentaria alcanz贸 en 2024 los $2,363.67 en zonas urbanas y $1,799.71 en rurales, cifras 4.1% y 3.2% mayores que un a帽o antes.
Para un hogar en pobreza laboral, ese incremento es la diferencia entre tres comidas diarias o dos.
Seg煤n estimaciones oficiales, cada punto porcentual adicional de inflaci贸n eleva en 0.84% la tasa de pobreza.
Es decir, millones de personas pueden caer en la pobreza extrema solo porque la tortilla, el huevo o el frijol subieron unos pesos. Pero la inflaci贸n no surge de la nada. Tiene responsables. Y aqu铆 aparece la irresponsabilidad del gasto p煤blico.
Cuando el Estado gasta m谩s de lo que ingresa, incurre en d茅ficit que presiona la demanda agregada y alimenta presiones inflacionarias.
El dinero barato, las transferencias sin disciplina, los subsidios mal dise帽ados y los proyectos sin rentabilidad social terminan traduci茅ndose en precios m谩s altos.
Es, literalmente, trasladar el costo de la improvisaci贸n pol铆tica al ciudadano com煤n. Por eso la inflaci贸n debe ser tratada como lo que es: una forma de violencia econ贸mica contra las mayor铆as.
El castigo no puede limitarse al ajuste t茅cnico de la pol铆tica monetaria.
Se debe sancionar 鈥攅n lo legal, lo pol铆tico y lo 茅tico鈥 a quienes participan directa o indirectamente en su propagaci贸n: funcionarios que gastan sin planeaci贸n, empresas que coluden para fijar precios, legisladores que aprueban presupuestos clientelares, monopolios que bloquean la competencia.
La inflaci贸n, en un pa铆s desigual, es siempre el resultado de decisiones, no de fatalidades. El camino es claro: disciplina fiscal contrac铆clica, un banco central aut贸nomo y cre铆ble, y una econom铆a m谩s competitiva que derribe costos artificiales.
Mientras tanto, se requieren apoyos focalizados que protejan al 54% que vive en la informalidad, porque ah铆 no hay contratos que compensen el alza de precios.
La inflaci贸n, repetimos, es el impuesto m谩s caro y el m谩s injusto: se paga sin recibo, sin explicaci贸n y sin alternativa.
Y si no exigimos consecuencias a quienes la provocan, lo que estamos normalizando no es solo el encarecimiento de la vida, sino la condena del pa铆s a un futuro de estancamiento.
