El martes pasado asistà con mucha emoción al arranque de la consulta legislativa sobre grupos en situación de vulnerabilidad, organizada por el Congreso del Estado de Coahuila. Fue un momento simbólico, sÃ, pero también polÃtico: sentà que se abrÃa una puerta para que personas como yo —y muchas otras— podamos ser escuchadas y, más aún, consideradas dentro del juego polÃtico.
Entre las iniciativas que se discuten, está la de reformar el Código Electoral. En palabras simples, busca que los partidos polÃticos estén obligados a postular a personas de grupos históricamente excluidos en cargos de elección popular. ¿Qué significa esto? Que personas con discapacidad, indÃgenas, adultas mayores, migrantes o parte de la comunidad LGBT+ puedan aparecer, por ley, en las boletas electorales. No como favor ni cuota simbólica, sino como parte de un derecho ganado.
La propuesta indica que cada partido tendrÃa que postular al menos una fórmula (titular y suplente) en un distrito, y otra en los tres primeros lugares de la lista plurinominal. Sin embargo, surge aquà una preocupación: la ley garantiza la inclusión mÃnima de personas en situación de vulnerabilidad, pero no asegura que todos los grupos vulnerados estén representados. Basta con que un partido postule a una sola persona de alguno de estos sectores para cumplir con la ley. La iniciativa abre una puerta, sÃ, pero no garantiza que todos puedan cruzarla. Por eso, me parece urgente y justo reconocer la diversidad dentro de la vulnerabilidad.
Porque no es lo mismo vivir con una discapacidad que ser una mujer indÃgena migrante o un joven LGBT+. Cada historia tiene sus propias luchas, y todas merecen representación. Además, desde la perspectiva de la interseccionalidad, muchas personas pueden pertenecer simultáneamente a varios de estos grupos.
Durante el arranque de la consulta surgió un desacuerdo: algunas voces de la comunidad LGBT+ mostraron incomodidad al saber que en la siguiente sesión trabajarÃamos en mesas separadas por grupo. Lo entiendo. Separar puede parecer dividir, pero también quiero creer que se trata de visibilizar las necesidades especÃficas de cada colectivo.
Lo digo con el corazón en la mano: que esto no se convierta en un ring de reclamos entre grupos vulnerables. Que no peleemos por las migajas cuando deberÃamos exigir juntos el pastel completo. Que entendamos que, si un partido va a postular a personas en situación de vulnerabilidad, debe comprometerse con todas las causas, no solo con una.
Desde mi activismo con el sÃndrome de Moebius —una condición rara que también merece espacio en la conversación— creo firmemente que no hay lucha menor. Y que la verdadera inclusión empieza cuando dejamos de competir entre los grupos vulnerables para exigir de manera colectiva y organizada. Porque esto no va solo de leyes, va de dignidad.
Mi propuesta es clara: que se garantice al menos una candidatura para personas con discapacidad, una para la comunidad LGBT+, una para pueblos indÃgenas y una para personas adultas mayores. Y que estos espacios no se utilicen solo para cumplir con la ley, sino para abrir camino a liderazgos reales, vivos y comprometidos.
La polÃtica necesita otras voces. Y esas voces también pueden venir en sillas de ruedas, con intérpretes, con bastón blanco o con una sonrisa que no siempre se nota, pero que también es resistencia.