La historia reciente de M茅xico ofrece episodios que, por su obscena claridad, muestran c贸mo la corrupci贸n sobrevive y se reinventa al amparo del poder.
El caso del contrabando de combustibles, que involucra a altos mandos de la Marina, funcionarios de aduanas, empresarios de largo alcance y hasta la sombra protectora de asesores presidenciales, es un ejemplo contundente.
La investigaci贸n comenz贸 con el aseguramiento de un buque tanque en Altamira, pero ese hecho fue apenas la superficie de una maquinaria aceitada durante a帽os. Bajo el argumento de combatir el robo de combustibles, se deposit贸 en la Secretar铆a de Marina la responsabilidad de custodiar puertos y aduanas.
El remedio result贸 peor que la enfermedad: lejos de desarticular las redes criminales, se permiti贸 que altos mandos establecieran un negocio clandestino que, con m谩rgenes de ganancia siete veces superiores a los de la coca铆na, convirti贸 el contrabando en la empresa m谩s rentable del sexenio.
El suicidio de dos militares, presionados o atrapados en esta trama, revela el costo humano de un sistema que aplasta a los cuadros intermedios mientras preserva la impunidad de los jefes.
Los nombres de los hermanos Far铆as, sobrinos pol铆ticos de un alto mando naval, aparecen como eslabones visibles de una cadena que llega m谩s arriba, hasta el propio almirante secretario Jos茅 Rafael Ojeda Dur谩n.
驴C贸mo sostener la ficci贸n de que el titular de la dependencia ignoraba lo que ocurr铆a bajo su mando? Nadie, en un cuerpo tan r铆gidamente jer谩rquico como la Marina, act煤a sin la anuencia o al menos la tolerancia de sus superiores. Y, sin embargo, hasta ahora se guarda un silencio que raya en la complicidad.
El asesinato de Sergio Carmona, empresario vinculado a esta red, as铆 como la muerte de un contraalmirante que se atrevi贸 a denunciar, exhiben la violencia sist茅mica que envuelve al caso.
No es s贸lo corrupci贸n: es una estructura mafiosa incrustada en el Estado. La Casa de Bolsa vinculada al jefe de asesores presidenciales aparece como un engranaje financiero que permiti贸 dar cauce legal a ganancias il铆citas.
La ruta del dinero, como siempre, conduce a las esferas donde la pol铆tica y los negocios se confunden, aunque ahora pretendan convencernos de que se trataba de un acto de patriotismo: 驴qu茅 puede ser m谩s nacionalista que contrabandear combustible bajo el escudo de la patria?
Ni Pablo G贸mez, encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera, ni Alejandro Gertz Manero, fiscal general, han dado explicaciones convincentes sobre su inacci贸n.
Resulta indispensable preguntarles por qu茅 no actuaron cuando las evidencias eran tan palpables, por qu茅 ahora pretenden simular un control de da帽os cuando el desfalco se mide en miles de millones de d贸lares. La respuesta no puede reducirse al manido argumento de la falta de pruebas: lo que falt贸 fue voluntad para tocar a los poderosos.
El discurso oficial presume haber combatido como nunca la corrupci贸n, pero episodios como este los exhiben la hipocres铆a de una narrativa que convierte la lucha en simple ret贸rica mientras protege a los beneficiarios de los negocios ilegales.
Quienes detentaron los m谩s altos cargos de la Secretar铆a de Marina durante el sexenio fingen demencia, como si no supieran lo que se urdi贸 a la sombra de su autoridad. Lo m谩s probable es que pronto escuchemos la explicaci贸n favorita del poder: 鈥測o no sab铆a鈥.
Este caso no es un accidente aislado ni un desv铆o menor: es la expresi贸n de una corrupci贸n estructural, hist贸rica, que encontr贸 en el contrabando de combustibles un fil贸n m谩s lucrativo que cualquier otro il铆cito conocido.
Y que demuestra, una vez m谩s, que las instituciones que se proclaman guardianas de la legalidad pueden ser tambi茅n, cuando no se les vigila, los principales arquitectos de la ilegalidad.
Tiempo al tiempo.
